Bogotá D.C., 25 de mayo de 2020

Mientras una demanda instaurada en la Fiscalía General de la Nación por parte de la Coalición Colombia Sin Toreo hace trámite, sectores taurinos siguen buscando de todas las maneras posibles desarrollar este tipo de actividades, que además del maltrato animal que implican, están poniendo en riesgo a la población humana en tiempos de COVID-19 y además violan disposiciones de la Corte Constitucional.

Un festival taurino organizado por la Undetoc (Unión de Toreros de Colombia), fue llevado a cabo el pasado sábado 23 de mayo y las consideraciones jurídicas de quienes demandaron incluyen el incumplimiento de los requisitos de tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad, establecidos por la Corte Constitucional en su sentencia C- 666 de 2010, teniendo en cuenta que el municipio de Zipacón no se caracteriza por tener las corridas de toros entre sus prácticas tradicionales o con arraigo.

Sumado a esto, el evento taurino fue transmitido por vía virtual, incumpliendo la Ley 84 de 1989 que en su capítulo 3 acápite U prohíbe: “Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de escenas cinematográficas o audiovisuales destinadas a la exhibición pública o privada, en las que se cause daño o muerte a un animal con procedimientos crueles o susceptibles de promover la crueldad contra los mismos”.

Las excepciones planteadas en esta ley en su artículo 7 para las actividades taurinas, no incluyen este acápite U.

Como si fuera poco, esta agremiación taurina violó las medidas sanitarias de aislamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, establecidas en el Decreto Nacional 636 del 6 de mayo de 2020 de la Presidencia de la República; este aislamiento implicó suspender cualquier tipo de práctica o evento que involucrara aglomeraciones, en tanto solo se exceptuaron actividades consideradas como esenciales. Con la realización del evento taurino, que no estaba dentro de las excepciones no fue posible mantener el distanciamiento social e incluso se puso en riesgo a población menor de edad y a la población del municipio por el desplazamiento de los toreros y sus cuadrillas.

Las corridas de toros también son consideradas una actividad peligrosa para los menores de edad. De hecho, su práctica va en contra de lo estipulado en el Artículo 3. Numeral 12 de la Resolución 1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo, según el cual, dicha práctica también es nociva para la salud, integridad física y psicológica de los menores de 18 años por tener relación con el sufrimiento animal.

Adicionalmente, violaron su propia normativa, la Ley 916 de 2004 o “Reglamento Nacional Taurino”, dado que se evidenció incumplimiento a los requisitos fijados para llevar a cabo actividades taurinas, entre las cuales no figura la realización de eventos virtuales.

En medio de esto, organizaciones que hacen parte de la coalición Colombia Sin Toreo, como Resistencia Natural (REN), están alertando a las autoridades municipales sobre nuevas convocatorias de estas corridas, ofreciendo todo el sustento sobre su carácter ilegal. Sin embargo la respuesta por parte de las autoridades sorprende a los defensores de animales: “La Gobernación de Cundinamarca no asume un direccionamiento para prevenir y rechazar la realización de estos eventos ilegales, dejando la responsabilidad a los municipios. Los municipios minimizan la ilegalidad de estos eventos taurinos y el maltrato animal que involucran, centrándose en las fechas límites de los decretos presidenciales, mientras los taurinos cambian las fechas aduciendo buscar aplicar normas de bioseguridad, manteniendo además una especie de clandestinidad en cuanto a la información sobre los lugares de realización de estos eventos, que mínimamente deberían tener los municipios”, manifestó Carlos Crespo Carrillo, uno de los denunciantes.

La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación está haciendo trámite, mientras la atención se enfoca en nuevas convocatorias de taurinos a corridas de toros que se consideran ilegales, como el evento taurino virtual “Olé al hambre”, que ha aplazado dos veces su fecha de realización, siendo el 2 de agosto la última fecha anunciada por sus organizadores y que ha sido denunciada ante las autoridades por Colombia Sin Toreo.