Organizadores de eventos taurinos no están
acatando las normas que rigen la tauromaquia en el país y además burlan y
engañan a las autoridades para evitar acciones de control.
Ante la organización de varias corridas de toros que no cumplen con lo
establecido por leyes como la 916 de 2004 y el Código de Policía, junto a las sentencias
de la Corte Constitucional en el país, se ha estado alertando a los gobiernos
municipales sobre esta situación. Uno de esos municipios es Mosquera, donde a
pesar no tener tradición taurina registrada, una de las condiciones de la Corte
para hacer este tipo de eventos, el gremio taurino públicamente anunció la
convocatoria a un evento taurino en redes sociales y portales taurinos como “Tendido
7”; para ingresar al evento se debía pagar 60.000 pesos colombianos por
persona.
La alcaldía de Mosquera anunció en redes sociales que este evento no tenía
permiso y que el organizador manifestó que el evento era privado, sin embargo, estarían
autoridades en el lugar con la Policía para comprobar esto.
El día 5 de diciembre, fecha de realización de la corrida, en el lugar del
evento, Arenas Venecia – Mondoñedo, estaban presentes funcionarios de la
administración municipal y miembros de la Policía Nacional desde horas de la
mañana. Ese mismo día, los organizadores seguían vendiendo entradas a
escondidas en el lugar del evento y le
solicitaban a los asistentes que no le dijeran a la Policía que habían pagado
para entrar y que no publicaran en redes sociales imágenes de la corrida.
Para el momento de la lidia y muerte del primer toro ya no se evidenció la
presencia de miembros de la policía ni funcionarios públicos. Los veedores
defensores de animales presentes en este evento alertaron a los entes de
control municipal. Después de la muerte del tercer toro, la Policía regresó,
pero los organizadores no permitieron la entrada de los oficiales e intentaron
retener a los veedores en medio de insultos y amenazas. Cuatro seres sintientes
fueron torturados hasta la muerte bajo el manto de la ilegalidad, la injusticia,
la arbitrariedad y la falta de acción por parte de las autoridades competentes.
Se aclara que, aunque la tauromaquia está permitida en el país, su
desarrollo debe cumplir con unas condiciones específicas que la Corte
Constitucional emitió con el objetivo de limitar esta actividad que representa
un acto de maltrato animal. En adición la ley 916 de 2004, reglamento taurino,
establece una serie de requisitos que no están siendo cumplidos a cabalidad, e independientemente
de la naturaleza pública o privada de cualquier evento normas como las
mencionadas anteriormente y el Código de Policía deben ser aplicadas y
acatadas.
Desde Animal Defenders International, Fundación Resistencia Natural, Colectivo Identidad Animal, y otras organizaciones de la Coalición Colombia Sin Toreo, seguiremos haciendo ejercicios de veeduría ciudadana e insistiendo para que la normatividad y jurisprudencia existente sea aplicada, además de los controles políticos que se vienen dando en diversas regiones. En adición, continuaremos promoviendo la abolición de esta práctica en el territorio nacional. En ese sentido, hacemos un llamado a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para que tomen medidas, y aplique la normatividad, incluyendo la ley 1774 de 2016, que cataloga el maltrato animal en condiciones de ilegalidad como delito punible del resorte del estado.
¿Podrían hacer algo contra las corridas de toros ilegales que se vienen haciendo en Puente Piedra? Es una plaza ilegal que se construyó posterior a la prohibición en la ley 84 de 1989, y que han venido haciendo corridas de toros alternativas a la plaza de Bolívar desde 2012 cuando Petro no permitió el uso de la plaza, pero cada año hacen más corridas y en fechas que por supuesto no son tradicionales.